El jueves pasado el ministro Ricardo Buryaile recibió un
espaldarazo del presidente Mauricio Macri para que se envíe al Congreso el
proyecto de ley que ordena la comercialización de semillas. Se espera que la
iniciativa la firme entre hoy y mañana el jefe de gabinete Marcos Peña y a mas
tardar el viernes vuelva a Diputados.
El visto bueno de Macri no es más que "reconocer"
la gestión de Buryaile y terminar por cerrar el capítulo a los pedidos que
semanas atrás hiciera la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que llego
hasta la Casa Rosada con sus principales CEO para buscar la apertura de la
norma y así introducir cambios acorde a sus necesidades.
"Hubo un intercambio de documentos entre los abogados
de Agroindustria y la Secretaría Legal y Técnica para darle el marco final a la
redacción del proyecto", señaló una de las fuentes consultadas que
participó del encuentro. "Esperamos que antes que termine la semana ya
esté en el Parlamento", agregó.
Lo cierto es que las modificaciones que busca el Ejecutivo
no es del agrado de las empresas. Estos pasan principalmente por el cobro. En
rigor, incluirá, sin excepciones, todos los conceptos por los derechos de
propiedad intelectual que la semilla y los productos obtenidos a partir del uso
de la misma contengan, y/o la tecnología tenga incorporada.
Además el pago que una primera presentación sostenía que
fuese por un plazo de dos años ahora será de tres y dependerá del volumen que
se siembre en cada campaña.
Pero lo que más irrita a la industria es que no da la
posibilidad de que existan los contratos entre las empresas y productores. De
esta forma lo que venía haciendo, por ejemplo, Monsanto sería ilegal. Para esto
la nueva propuesta será de carácter público.
Ante la batalla pérdida, la industria decidió presentar su
propio proyecto el cual fuera consensuado en el año 2012 en el marco del
Instituto Nacional de Semillas con la participación de 24 instituciones
públicas y privadas. Una de ellas es el Consorcio Regional de Exportación
Agrícola (CREA) en el cual formo parte el actual secretario de Agricultura,
Ricardo Negri y que tuviera una participación destacada en aquel momento.
Entre los puntos más relevantes de lo que impulsa ASA, se
destaca que la propiedad intelectual deberá ser abonada en la compra de la
semilla fiscalizada y se permite el uso propio oneroso, sin autorización del
obtentor, durante toda la vigencia de los derechos de propiedad de cada
variedad que se estima ronda entre los 15 a 20 años.
Para las empresas, la iniciativa oficial termina por cerrar
la puerta a las inversiones que tiene pensado hacer en los próximos años. Desde
Agroindustria alertan que "es la única forma de que puedan reclamar sus
derechos por la patente".
Lo cierto es que el Estado estuvo ausente, por eso las
nuevas autoridades buscan frenar el comercio ilegal de semillas. Pero es el
proceso es lento. Hoy se tiene encima la nueva campaña y los productores ya se
quejan de nuevo que los contratos tienen la cláusula. Las fuentes oficiales
señalan que no debe existir.
Por lo pronto, en ASA parecen no estar todos conformes. Unos
se quejan de lo "tibios" que fueron los socios con Buryaile. Otros
buscan apoyar las nuevas iniciativas que hay en el Congreso. No parece entonces
que haya tal "unanimidad" como defienden algunos.
Fuente: diariobae.com
Resistencia, 11 de octubre de 2016
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