Después de estancarse durante el kirchnerismo, AYSA avanza
con el Sistema Riachuelo, una "obra de túneles" por u$s 1200 millones
que mejorará el transporte de efluentes al río. Los trabajos están a cargo de
tres UTEs con nombres conocidos.
“Que se vea, queremos que se vea”, repetían funcionarios
nacionales y directivos de AYSA la semana pasada ante un grupo de periodistas
convocados para recorrer las obras del Emisario Riachuelo, el túnel de 12
kilómetros que se adentrará en el río para transportar los efluentes
provenientes de la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano para ser
depositados en esas aguas, previo paso por una planta de tratamiento.
El emisario es la tercera etapa de la mega obra de
infraestructura Sistema Riachuelo que lleva adelante AYSA, dependiente de la
subsecretaría de Recursos Hídricos, bajo el Plan Nacional del Agua, el programa
con el que se busca garantizar agua potable para el 100% de la población. Una
vez concluida, estiman que para 2021, aliviará el trabajo del Sistema
Berazategui, hoy encargado de recibir los efluentes. Las obras comenzaron en
2016 con una inversión total de u$s 1200 millones, financiada en su mayoría por
el Banco Mundial (u$s 840 M) y por el Poder Ejecutivo (u$s 360 M). Casi como un
mantra, funcionarios y voceros repiten con orgullo: “Es la obra de
infraestructura más grande que está financiando el Banco Mundial”.
El Sistema Riachuelo tenía orden de inicio para enero de
2015, pero recién comenzó en junio de 2016. El kirchnerismo demoró su inicio,
según evalúan desde la administración actual, porque se trataba de un
emprendimiento de larga ejecución que no podrían inaugurar en el tiempo que
restaba el segundo mandato de Cristina Kirchner. Mientras tanto el BM, que
había aprobado el préstamo en 2009, cobrara los intereses y multas por no
ejecutarse. “El financiamiento estuvo a punto de caerse en febrero de 2016.
Tuvimos una reunión en la cual si no lográbamos reactivar esta obra con un
impulso importante no hubiésemos conseguido el plazo de extensión del crédito”,
sostuvo el subsecretario de Recursos Hídricos Pablo Bereciartua, un hombre que
arribó al gabinete de Mauricio Macri desde el ámbito técnico pero que
rápidamente se alineó detrás del ministro de Interior Rogelio Frigerio.
La obra fue dividida en tres contratos, cada uno adjudicado
por licitación a una UTE (Unión Transitoria de Empresas) diferente. En la
actualidad llevan realizados el 20%. Detrás de la obra más importante del Banco
Mundial aparecen nombres conocidos, como los del del primo del presidente,
Ángelo Calcaterra, Cristóbal López o Carlos Wagner.
Una obra de túneles
El Sistema Riachuelo prevé la realización de 46 kilómetros
de túneles divididos en tres partes que mejorarán el transporte de efluentes y
cumplirán con el mandato de la Corte Suprema de Justicia en la denominada
“Causa Mendoza” respecto al saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
La primera etapa consiste en la construcción del denominado
Colector Margen Izquierda, que transportará efluentes porteños y captará los
caudales en tiempo seco de los aliviadores pluviales y arroyos porteños, y el
enlace de la 2° y 3° Cloaca Máxima para derivar parte del caudal a la Planta de
Pretratamietno Riachuelo, cuya construcción será parte de la segunda etapa de
la obra.
El primer tramo fue adjudicado a la UTE compuesta por el
consorcio CMI Ghella- IECSA. Ghella, de capitales italianos, sea asoció en 2007
a IECSA, hasta hace días la empresa constructora del primo hermano de Macri,
Ángelo Calcaterra y que ahora pasó a manos del titular de Edenor y Pampa
Energía, Marcelo Mindlin. Ambas tuvieron a cargo la obra del túnel Maldonado y
actualmente trabajan en el soterramiento del tren Sarmiento y las obras del
Paseo del Bajo porteño.
El segundo tramo del Sistema Riachuelo, el único
íntegramente financiado por el Poder Ejecutivo, fue para la UTE
ESUCO-JCR-CPC-C&E. ESUCO, del empresario Carlos Wagner, figuraba como la
séptima empresa con mayores adjudicaciones de obra pública, según el listado
que divulgó en 2015 el entonces ministro de Planificación Julio De Vido;
participó en la construcción de la Estación Espacial China en Neuquén y en el
Centro Cultural Kirchner, además de en proyectos en Santa Cruz y el resto de
las provincias. Su nombre apareció mencionado en el escándalo de los Panamá
Papers vinculado a cuentas off shore en el Caribe.
JCR es la empresa del fallecido empresario Juan Carlos
Relats. Además de la construcción, pisa fuerte en los rubros agropecuario,
petrolero y hotelero. Este último lo vincula estrechamente con los Kirchner: la
empresa Panatel, de su propiedad y que entre otros lleva adelante el Hotel
Panamericano, administró durante diez años el hotel Los sauces en El Calafate.
La constructora CPC, de larga trayectoria en el rubro,
pertenece al holding Indalo de Cristóbal López. El empresario la adquirió en
2009. Ha construido numerosas rutas en Santa Cruz, en Tucumán y en Formosa, por
nombrar algunas provincias.
C&E, la tercera empresa de la UTE que lleva adelante la
segunda etapa del Sistema Riachuelo, fue aceptada como proveedora estatal de la
Provincia en 2009 y, según información del Banco Central, tiene deudas ínfimas
por $ 89.648 con diversas entidades financieras, lo que la ubica en una
situación crediticia “Normal”. Su base está en ubicada en Tigre y participó de
sendas licitaciones viales y de obras hídricas. En el mundo de la construcción,
hay quienes la vinculan al sindicato de Obras Sanitarias.
La tercera parte del Sistema Riachuelo consiste en la
construcción de un emisario que transportara los efluentes desde la planta de
tratamiento hacia 12 km adentro del río para allí depositarlos. La obra está
financiada en parte por el BM y en parte por el Ejecutivo y fue adjudicada a la
UTE Salini Impregilo-Healy-Chediack.
Al igual que Ghelli, Salini Impregilo es una constructora
italiana con extensa trayectoria en más de 50 países del mundo. Ha intervenido
en las hidroeléctricas de Yacyretá y Piedra del Águila, en la construcción del
aeropuerto de Ushuaia, en la construcción de varias autopistas y en obras en la
cárcel de Ezeiza, entre otras. Es una de las empresas que aún mantiene una
demanda en el CIADI contra la Argentina. Healy, de capitales estadounidenses,
es socia de Salini Impregilo desde 1982.
La tercera pata de la UTE la conforma la constructora
argentina Chediack, de Juan Chediack, actual vicepresidente 1° de la Cámara
Argentina de la Construcción. Tras conocerse el escándalo por los bolsos del
exsecretario de Obra Pública José López, fue uno de los que aseguró que
Cristina Kirchner sabía que se privilegiaba a unas empresas sobre otras.
Fuente: cronista.com
Resistencia, 25 de marzo de 2017
