La Federación Popular del Transporte (Fepotra) una entidad
multidisciplinaria que incluye desde ingenieros hasta contadores, periodistas y
ex combatientes de la guerra de Malvinas, realizó un estudio económico basado
en la facturación de la empresa trasandina Transbordadora Austral Broom S.A
(Tabsa) única que efectúa el cruce en barcazas entre la isla y el continente,
en jurisdicción de Chile.
Al no existir una comunicación directa vía terrestre ni
marítima entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, tanto los fueguinos como los
turistas están obligados a pasar por Chile hasta la zona conocida como Primera
Angostura o Punta Delgada, donde sólo Tabsa ofrece el servicio del cruce del
Estrecho de Magallanes, para reingresar al país luego de recorrer un centenar
de kilómetros de ruta en cada uno de los sentidos del cruce.
Fepotra sostiene que la necesidad de una alternativa de
comunicación marítima por aguas argentinas es importante por razones de
soberanía y porque implicaría la recuperación del negocio del transporte de
vehículos, de pasajeros y de mercaderías, que actualmente monopoliza la firma
chilena.
“En principio decimos que se trata de un cruce soberano
porque nos sacaría de la obligación de pasar por otro para ir desde una
provincia argentina a otra. Se trata de una necesidad vital y de garantía del
derecho constitucional de libre circulación por nuestro territorio”, explicó a
Télam el periodista y referente de Fepotra, Daniel Guzmán.
Sin embargo, la entidad estudió también las variables
económicas detrás del cruce, a través de un trabajo que recopiló información
oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) la Dirección General de
Migraciones (DGM) y la Dirección Nacionalidad de Vialidad (DNV), entre otros
entes públicos.
Los resultaron arrojaron que durante los últimos cinco años,
realizaron el cruce por Chile en ambos sentidos y, en promedio, unos 315
automóviles, 188 camiones y entre 8 y 9 colectivos diarios.
Además de los vehículos y pasajeros, atravesaron el Estrecho
de Magallanes -en las barcazas de Tabsa- un promedio de 1.734.233 toneladas
anuales de mercadería, unas 4752 toneladas diarias.
“Aunque nos faltan actualizar los datos del último año y
medio, hablamos de un negocio de unos 40 millones de dólares que los argentinos
entregamos a una empresa privada y monopólica extranjera”, afirmó Guzmán.
El dirigente agregó que el cruce nacional permitiría,
también, disminuir los costos de flete de insumos y productos terminados de la
industria promocionada de Tierra del Fuego, en momentos en que “el Gobierno
Nacional le exige a ese sector una mayor competitividad, y cuando el 50% de las
empresas manifestaron problemas laborales de distinta índole”, observó.
Según el análisis de la Fepotra, cada camión cargado con
mercadería de las fábricas electrónicas, plásticas o textiles de la isla, debe
cubrir un sobrecosto de 7 mil pesos para pasar por Chile y llegar a Santa Cruz
en su viaje a los grandes centros de distribución.
Por su parte, en materia de turismo, el estudio de la ONG
estimó que unos 500 mil visitantes por año desisten de viajar por vía terrestre
hasta Tierra del Fuego, y llegan hasta otros destinos turísticos santacruceños
como El Calafate, por las incomodidades que supone atravesar cuatro pasos
fronterizos (entre ida y vuelta) más el desvío por territorio chileno.
Incluso la Fepotra postula que el hecho de que Argentina
tenga presencia en ambas costas de la boca oriental del Estrecho de Magallanes
resultaría “estratégico” para el control de la actividad marítima comercial y
petrolera en la zona, generando, además, “la oportunidad de desarrollar la
industria naviera o proveedora de servicios”.
Si bien la necesidad de una conexión marítima con el
continente forma parte de reclamos fueguinos desde la década del '70, el
Congreso Nacional sancionó -en 2012- la ley 26.776, impulsada por ex senador
José Martínez, que estableció como “política de Estado” a la integración
marítima entre Tierra del Fuego y la zona continental argentina.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner rubricó en
julio de 2015 el decreto 1423/15 que constituyó el denominado “Fondo Fiduciario
del Cruce Marítimo Sur”, destinado a financiar las obras del cruce, aunque el
aporte inicial de 100 millones de dólares prometido por las autoridades
nacionales nunca se hizo efectivo.
“Fue un anuncio realizado en Río Gallegos, juntos a los
gobernadores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, que parecía darle un fuerte
impulso político al proyecto. Pero creemos que la ausencia de estudios serios
de factibilidad hicieron que la idea no avanzara y el dinero nunca se
depositó”, recordó Guzmán.
La Fepotra impulsa -ahora- la creación de un fondo de mucho
menos dinero para realizar un estudio definitivo de factibilidad de las obras,
que en una segunda etapa individualice el mejor lugar para la realización del
cruce y establezca el mejor circuito para la continuidad de la Ruta 40 en
Tierra del Fuego, también incluido en la ley de 2012.
“Es necesario juntar toda la documentación existente, sumar
a las universidades públicas nacionales y crear un comité donde estén
representadas las provincias involucradas. Estamos seguros de que el país tiene
la capacidad para planear y ejecutar este cruce”, enfatizó el dirigente de la
Federación de Transporte.
La iniciativa cuenta con el aval político de la mayoría de
los dirigentes locales, desde la actual gobernadora Rosana Bertone -quien en su
campaña electoral de 2015 suscribió un documento comprometiéndose a gestionar
la obra- hasta la ex gobernadora Fabiana Ríos, que lo definió como “un anhelo
para todos los fueguinos”.
La Fepotra sostiene que el cruce debe realizarse en el tramo
más corto (entre Cabo Espíritu Santo y Cabo Vírgenes, situados a unos 30
kilómetros de distancia) al menos con dos buques portarodantes con capacidad
para el traslado simultáneo de pasajeros, automóviles y camiones.
Los barcos cubrirían el trayecto en un tiempo aproximado de
una hora y media, y se realizarían ocho cruces diarios -considerando ambos
sentidos de la navegación- entre instalaciones portuarias a construir,
totalizando una inversión que, según la entidad, puede ascender a unos 300
millones de dólares.
“Los buques se podrían construir en Argentina, en el
Astillero Río Santiago. Hablamos de un cruce seguro, regular y permanente.
Hablamos de la soberanía, pero también de una oportunidad de desarrollo
económico para toda la zona”, concluyó Guzmán.
Fuente: telam.com.ar
Resistencia, 11 de septiembre de 2016
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