La difusión de las cifras oficiales sobre la falta de
trabajo fueron un duro golpe para el macrismo. También, la polémica por la suba
de tarifas y el revés de la Corte Suprema hicieron mella en la imagen del
Presidente y su equipo. La agenda oficial apunta a mostrar fortaleza y
recuperar iniciativa
La polémica por la abrupta suba de tarifas y las últimas
cifras que dan cuenta de un aumento del desempleo dañaron la percepción que la
opinión pública tiene sobre Mauricio Macri.
En el último relevamiento de su encuesta continua de opinión
pública, la consultora Elypsis mostró una imagen positiva del Presidente en 45%
a nivel nacional.
"Tras el remezón de las protestas contra el aumento de
tarifas, la imagen presidencial perdió 5% que aún no recuperó", explicó
Luciano Cohan, socio de la consultora.
El relevamiento, llevado a cabo entre el 7 y el 22 de
agosto, muestra el 44% de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) tienen una imagen positiva del Presidente, menor al 47% que se registra
en el resto del país.
El Gobierno busca recuperar la iniciativa
La difusión de las cifras oficiales sobre desempleo -9,3% en
el segundo semestre- fueron un duro golpe para la imagen del macrismo. Tanto es
así que, ante las recurrentes protestas por la falta de trabajo, el Gobierno
comenzó a trabajar rápidamente en un nuevo plan de reforma laboral que apunte a
facilitar la contratación en empresas privadas.
La polémica por la suba de tarifas es un capítulo aparte.
Además de la furia que despertó entre usuarios la decisión de aumentar
abruptamente el precio de los servicios públicos, el Gobierno tuvo que asimilar
el golpe del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el tarifazo.
Es por eso que desde el PRO pusieron en marcha un plan estratégico
para mostrar fortaleza política y generar la sensación de que la agenda sigue
adelante, incluyendo el plan de obras públicas, cuya concreción había sido
puesta en duda si el revés a las subas tarifarias implicaban un mayor costo
fiscal.
Ese costo finalmente existirá, pero en el macrismo confían
que será ocho veces menor al previsto originalmente.
Por otra parte, apunta a acotar al máximo el daño de la
sentencia sobre la cuestión energética, lo que implica prepararse para que las
audiencias públicas del mes próximo no agraven la situación.
Y, al mismo tiempo, tomar la iniciativa para que el rubro
del servicio eléctrico no corra con la misma suerte que el del gas.
El operativo empezó el mismo jueves en que se diera a
conocer el fallo.
Ante la constatación del traspié -con el enojo presidencial
incluido por la mala información que le dieron sus fuentes sobre cuál sería la
decisión de la Corte-, hubo un evidente esfuerzo por mostrar normalidad.
Primero, el sugestivo mensaje de Alfonso Prat Gay en
Twitter, anunciando que mantenía una reunión por inversiones para el plan
Belgrano, al mismo tiempo en que la noticia sobre la sentencia corría como
reguero de pólvora y acaparaba la atención de los medios de comunicación.
Luego, el Gobierno dio una conferencia en la que mostró una
rápida reacción con el llamado a las audiencias públicas.
Más tarde, el ministro de Justicia, Germán Garavano, esbozó
una autocrítica cuando, al ser consultado sobre si el macrismo había cometido
un error al no haber convocado a esos encuentros, afirmó: "Hoy, con el
fallo en la mano, sí, efectivamente".
Pero, al mismo tiempo, se encargó de transmitir la decisión
presidencial de ratificar al cuestionado Juan José Aranguren al frente de la
cartera de Energía.
Por lo pronto, lo que el oficialismo ha querido reflejar es
que la sentencia significa un retroceso momentáneo, pero no un obstáculo que
haya llevado a foja cero su plan de adecuación tarifaria.
"No existe tensión entre el Gobierno y la Corte, el
balance no es tan negativo", aseguró el ministro, para quien el texto de
los jueces "no dejó grandes sorpresas pero sí matices".
El otro gran tema prioritario en la agenda macrista post
fallo es el rubro de la electricidad, en el que existen altas chances de que se
repita la situación judicial que condicionara el tarifazo del gas.
Para prevenir costos políticos que dañen aún más la imagen
del Gobierno y tratar de acotar el daño fiscal adicional que implicaría una
situación análoga, el objetivo planteado es organizar otra audiencia pública
tendiente a convalidar los incrementos en las boletas de luz.
Fuentes del Ministerio de Energía confirmaron a iProfesional
que "esa audiencia también se realizará a mediados de septiembre",
con diferencia de unos pocos días respecto de aquella en la que se debatirá la
situación del rubro gasífero.
La idea del Ejecutivo está a la vista: anticiparse al fallo
que la Corte dictará para dirimir la discusión por el tarifazo eléctrico.
Apunta a que una vez que se cumpla con el debate público
requerido por los jueces (en el fallo ya conocido en el que trató la cuestión
del gas), el Gobierno tenga terreno allanado para avanzar con los incrementos
previstos para el servicio de luz.
¿Cuánto dinero está en juego? Desde la consultora Abeceb
pusieron cifras al asunto.
Si, para el caso de la electricidad, la Corte imitara su
reciente fallo en el que trató el tema del gas (y obligara al Gobierno a
retrotraer las facturas a los valores del año pasado), esto le generaría al
macrismo un costo fiscal de unos $30.000 millones anuales.
El "top five" de los políticos mejor conceptuados
Según los datos de Elypsis, en el AMBA, en el último tiempo
hubo un deterioro de la imagen de Massa, que aumenta su rechazo en 3 puntos, y
reduce su imagen negativa en 2 puntos, a 32%, continuando un descenso paulatino
desde el 39% de principios de junio.
En contrapartida, María Eugenia Vidal sigue siendo la
política con mejor imagen positiva y neta de los relevados por la encuesta, con
una imagen positiva estable de alrededor de 54% y una imagen negativa de 29%.
El informe de Elypsis también remarca que los funcionarios
del ala económica y política de la gestión del presidente mantienen un alto
porcentaje de desconocimiento: el porcentaje que no conoce o no tiene una
opinión formada de Alfonso Prat Gay y de Marcos Peña es de 28% y 26%,
respectivamente.
Aunque falten muchos meses para las próximas elecciones ya
comenzaron a medir la imagen de los dirigentes políticos de nivel nacional y
provincial.
Así, un reciente relevamiento a nivel provincial con 600
casos ubicó a la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires María
Eugenia Vidal en la cima del ranking.
De acuerdo a la consultora especializada en marketing
político González y Valladares, Vidal tiene una imagen "buena" de
53%.
La sigue de cerca el diputado nacional y líder del Frente
Renovador, Sergio Massa, con 47%.
En tercer lugar se ubica el presidente Mauricio Macri con
44% por ciento.
Detrás de los tres que comparten el podio aparece al
legisladora nacional, Margarita Stolbizer, con una imagen "buena" de
42%, situación a la que llegó luego de los avances que hubo en las distintas
causas de corrupción que involucran a ex funcionarios kirchneristas y de la que
ella fue impulsora.
Elisa Carrió y el ex ministro Florencio Randazzo escoltan a
la líder del GEN con 41% y 35% respectivamente.
En los últimos lugares de la tabla se ubican la ex
mandataria Cristina Kirchner con 31% de imagen positiva y el ex gobernador bonaerense,
Daniel Scioli, conel 30%.
En contraste, tanto la ex presidente -con cuatro causas
judiciales importantes y salpicada por hechos de corrupción durante su
gobierno- como el ex motonauta encabezan el primero y el segundo lugar de los
dirigentes políticos con mayor imagen negativa.
Según el relevamiento, Cristina Kirchner tiene un 54% de
imagen "mala", mientras que Scioli cosecha un 44%.
Carrió tiene un rechazo del 41%, seguida por Macri con 40% y
en quinto lugar el ex ministro de Interior y Transporte con un 34,7 por ciento.
Finalmente Massa, Stolbizer y Vidal son los tres dirigentes
políticos con menor imagen negativa con 33,2%, 31,5% y 31,3%, respectivamente.
Elecciones legislativas y economía
Los comicios legislativos suelen ser un termómetro que
indica cómo evalúa el electorado la gestión del gobierno nacional. Y está claro
que el escenario principal de la contienda
de 2017 volverá a ser la provincia de Buenos Aires.
A poco más de un año, Sergio Massa cuenta con la mayor
intención de voto a senador (23%).
Detrás de él -con una diferencia de casi 10 puntos- se
coloca la líder del GEN, Margarita Stolbizer con 14%.
En tanto Elisa Carrió y Florencio Randazzo aparecen con una
intención de voto del 14% y 12%, respectivamente.
Daniel Scioli alcanza un escaso 9,9% y el actual intendente
de Vicente López, Jorge Macri, un 8%.
También fueron medidas las expectativas sobre la economía
del país, en medio de las marchas y contramarchas por el ajuste en las tarifas
de los servicios públicos.
Ante la pregunta "¿cómo califica la actual situación
económica del país?"
- El 52% señaló que es "mala"
- Un 28% dijo que no es "ni buena ni mala"
- Un 17% de los consultados la tildó como "buena"
- El resto, expresó que "no sabe".
Sin embargo, los consultados se mostraron optimistas sobre
el panorama para el 2017.
- El 47% cree que va a estar "mejor"
- Un 37% que va a estar "peor"
- Un 11% considera que estará "igual"
- El resto aseguró que "no sabe"
El año pasado, con el objetivo de que las distribuidoras de
energía refuercen el mantenimiento de las redes, el Gobierno anterior
habíareforzado los subsidios en $10.600 millones.
Por ese motivo, Edenor y Edesur pudieron mostrar una mejora
en sus balances durante 2015. Esa ayuda les evitó caer en patrimonio neto
negativo, lo que hubiese implicado el quite de la concesión del servicio.
Con la suba de tarifas propuesta por el macrismo, se había
puesto fin a ese monto.
Según Abeceb, esos $10.600 millones fueron contabilizados
como parte de la erogación en la que debería incurrir el Estado en caso de
darse un fallo adverso de la Corte.
Las cuentas que antes del fin de semana elaboraban en el
Gobierno sobre el costo fiscal de la decisión del Máximo Tribunal tenían
unúnico objetivo: saber a ciencia cierta si el golpe sobre las cuentas obligará
a un recorte en la obra pública pautada para el año.
Por lo pronto, la fase "keynesiana" del plan de
Prat Gay apunta a lograr el tan ansiado rebote a partir de las inversiones en
el sector pública.
Además, que el repunte en el nivel de actividad se dé con
fuerza desde el arranque del 2017, un año clave en el plano político, ya que se
celebrarán las elecciones legislativas de medio término.
El plan de obras es muy ambicioso, dado que roza los $75.000
millones, a razón de entre $15.000 a $20.000 millones mensuales.
A diferencia con lo ocurrido en el gas, el Gobierno no
quiere sorpresas con la electricidad.
Con la celeridad que le faltó en el primer caso, ahora busca
que -de una vez por todas- el tarifazo se encamine a una solución definitiva.
Fuente: iprofesional.com
Resistencia, 27 de agosto de 2016
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