Pese a la expectativa oficial, los próximos meses serán un
duro desafío para el Gobierno. Mientras algunos gremios pugnan todavía por
sellar acuerdos, una decena reabrirá sus negociaciones. El efecto indexatorio y
el cambio de expectativas
Ni luz ni reactivación. A diferencia de la teoría de
Gabriela Michetti, lo que aparece a lo largo del túnel es una hilera de
reclamos salariales, conflictos laborales y paradas de planta.
Este es el panorama que se espera para el segundo semestre,
con la reapertura de las "miniparitarias", los tarifazos en camino y
luces de alerta encendidas en el tablero económico.
Por empezar, en los próximos meses una decena de sindicatos
volverá a la mesa de negociaciones.
Son sectores de peso que habían pactado aumentos de entre el
17% y el 23% por seis meses y que a partir de septiembre reabrirán la
discusión.
Es el caso de Comercio, Construcción, Estatales y Encargados
de edificio, entre otros.
A la hora de elegir, todos ellos optaron por los acuerdos
cortos ante la desconfianza que les inspiraba la segunda mitad del año,
mientras que el resto apostó por subas anuales, con la estrategia de que los
tramos fueran cercanos en el tiempo.
Hugo Moyano no hizo ni lo uno ni lo otro: cerró un
incremento del 37% en cuatro cuotas (32% en 2016). Con todo, nadie pudo hasta
ahora superar una inflación anual proyectada por privados y funcionarios entre
el 39 y 44%.
"Varias paritarias están enganchadas al segundo
semestre, todas trataron de ajustar en un solo semestre. Acá están todos a la
espera y quieren todo cuanto antes, porque no saben qué va a pasar
después", reconoció a iProfesional un dirigente del gremio mercantil. Su
titular, Armando Cavalieri, fue uno de los primeros en pactar en 20% por un
semestre.
El acortamiento de las negociaciones salariales no es un
fenómeno nuevo. Es un mecanismo de indexación que los sindicatos comenzaron a
implementar en tiempos de Cristina Kirchner para no perder la carrera contra la
inflación. Y, en el caso de las autoridades, el medio para dilatar los aumentos
en el tiempo y así diluir las demandas, a medida que los precios disminuyeran.
Con el Gobierno de Macri se retornó el esquema de paritarias
cortas. Pero lejos de menguar el costo de vida, el INDEC difundió una cifra del
4,2% en mayo, en su relanzamiento del IPC. Ese es uno de los indicadores que
tendrán en cuenta los líderes sindicales cuando vuelvan a la mesa a discutir
salarios, una vez concluidos los acuerdos que firmaron por seis meses.
En el plano ideal aspiran a acercarse a es índice de
inflación. No obstante, más de uno reconoce que la pelea se da en un terreno
muy desfavorable.
"Hay que ver en los próximos meses. Estimamos que
iremos por un aumento cercano a entre 37% y 40%. Pero, lo más probable, es que
se cierre la paritaria 2 o unos 3 puntos abajo, todos lo ven asi y cada uno
sabe como está su contraparte empresaria", dijeron a este medio desde uno
de los gremios que negoció por un semestre.
Efecto indexatorio
Mientras tanto, todavía quedan sindicatos importantes por definir sus convenios, que
apuntan a lograr acuerdos "abiertos".
Los ferroviarios iniciaron una paritaria conjunta en el
Ministerio de Trabajo, con la intención de lograr una suba del 20% por seis
meses que proyectada en forma anual llegaría al 40%.
Se trata de una fuerte reducción de los plazos si se compara
con el ajuste del 41,5% por 16 meses, sellado en 2015 por la Unión Ferroviaria
(UF). "No descartamos una negociación corta de seis meses", se limitó
a responder a este medio el titular de la UF, Sergio Sassia.
En tanto, las tensiones salariales afloraron el lunes cuando
el Ministerio de Trabajo cerró por decreto la negociación de los petroleros con
una suba del 30% en tres tramos. Se trata de un 18% para el 1 de julio junto
con una suma de $15.000, un 5% en noviembre y el restante 7% con los haberes de
enero próximo.
Las medidas inéditas fueron tomadas por la cartera laboral
para frenar la huelga general lanzada por en reclamo de un 40%. El paro afectó
la producción de gas y petróleo en Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Salta.
Las tres resoluciones aprobadas ordenan "recomponer el
salario" y el "esquema de productividad" en la industria de los
hidrocarburos, junto con la creación de una comisión de análisis para discutir
un nuevo régimen de jornadas laborares. Los líderes sindicales denuncian que
las empresas buscan reducirlas, lo que implicaría un recorte salarial del 37%.
La intervención oficial fracturó a los gremios, ya que el
titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, La Pampa y
Neuquén, Guillermo Pereyra, aceptó el aumento por decreto, aunque adelantó que
buscará renegociar en diciembre. Con todo, el Gobierno no logró desactivar el
paro en Chubut, Santa Cruz y Mendoza.
En tanto, los metalúrgicos de la rama siderúrgica iniciaron
un plan de lucha, que desencadenó cortes y bloqueos en Siderca, la planta de
Techint en Campana. Su objetivo es replicar la suba del 35% acordada en mayo
para todo el año en el resto de la actividad, pero los gigantes del acero
ofrecen un 28%.
¿Cambio de expectativas?
Luego de la ola masiva de despidos en el primer trimestre,
en mayo se registraron 587 piquetes en todo el país, un 7% menos respecto a
abril. Es la la primera baja intermensual durante este año, según un informe de
la consultora Diagnóstico Político.
El 34% de los cortes fue protagonizado por los estatales, un
13% por trabajadores privados y un 13 por cesanteados.
El resto se repartió entre movimientos, sociales, partidos
políticos y vecinos. Así en lo que va de 2016 ya hubo 2.776 bloqueos.
No obstante, el rebrote de la protesta sindical por las
paritarias empaña el clima de optimismo que el Gobierno presagiaba para la
segunda mitad del año.
Es más, varios abogados laboralistas interpretan el reciente
fallo de la Corte en favor de una mayor restricción del derecho de huelga como
una señal de "gobernabilidad" ante posibles turbulencias.
Con todo, los funcionarios confían en que habrá un
reverdecer de la economía, a partir de las exportaciones de soja, la obra
pública y la inversión privada.
En ese sentido, el revival de la discusión salarial,
argumentan, alimentaría el alicaído consumo. El mismo efecto tendría la
actualización de haberes de los jubilados.
En materia remunerativa, la expectativa oficial es que la
reapertura de acuerdos "cortos" sumen un 10% extra de incremento,
para cerrar en términos interanuales en torno al 30%.
Son 5 puntos más del "techo" previsto a principios
de año y, si se tienen en cuenta las últimas negociaciones, un golpe a las
metas iniciales que se había fijado el Gobierno.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, lo reconoció días
atrás al estimar que la inflación anual se movió del 30% al 42% por el ajuste
en las tarifas.
El dato confirma el pronóstico de los analistas privados que
prevén una caída del poder adquisitivo por la brecha entre precios y salarios.
En efecto, el segundo semestre arrancará con aumentos en el subte, celular y
prepagas.
El problema es que la extensión en el tiempo de los
tarifazos contribuye a recalentar los reclamos.
Tan solo cuatro meses después de obtener una suba promedio
del 32%, los cinco gremios nacionales de docentes piden reabrir la discusión
para compensar tarifas y precios, según trascendió.
La misma postura adoptaron los estatales de ATE de la
Ciudad, Córdoba, Entre Rios y Río Negro.
Así las cosas, cada vez queda más claro que el shock en los
servicios tiene un costo político para el Ejecutivo.
Por caso, las correcciones implementadas en el gas tras la
reciente ola de protestas en el sur del país expusieron algunos de los límites
que enfrenta el plan económico.
Por otra parte, la política de "aprender sobre la
marcha" -como admitió el titular de Energía, Juan José Aranguren, la
semana pasada en el Congreso- trae cola en el empleo por el cierre de empresas
y el freno a la actividad.
"Las perspectivas de corto plazo no muestran un cambio.
La fase recesiva se prolonga. La restricción en el suministro de gas afecta
actividades puntuales impulsando a empresas a adelantar paradas técnicas y en
otros casos a demorar el inicio de los procesos", advirtió la fundación
FIEL en su informe reciente sobre industria.
Por el crecimiento de importaciones, la Unión Industrial
Argentina (UIA) alertó que la situación en algunas fábricas es
"extrema".
Advirtieron que "está en riesgo el sostenimiento de miles
de fuentes de trabajo" al igual que "el cierre de muchas
fábricas".
Una nueva encuesta de IDEA señala que los empresrios esperan
una mayor creación de empleos en los servicios antes que en la industria.
No obstante, en lo que va del año los comercios,
supermercados y call centers -entre otros- dieron de baja contratos debido a la
caída del consumo, según informes gremiales.
Fuente: iprofesional.com
Resistencia, 02 de julio de 2016
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