Eximen de Ganancias a aguinaldos de quienes no pagan Bienes
Personales
El oficialismo selló ayer con el massismo y, en parte, con
el bloque Justicialista, un amplio acuerdo para garantizar la media sanción en
Diputados de la ley ómnibus que contiene el blanqueo de capitales y el pago de
juicios por actualización de haberes previsionales. Ese pacto incluye la
derogación de la ley que impide la venta de acciones en empresas privadas que
componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), aunque con límites para
su enajenación; la orden de avanzar en un acuerdo entre la Nación y las
provincias por los déficit de las cajas previsionales; y, como novedad,
incorpora la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias para el aguinaldo
que los trabajadores en blanco y de salarios más altos.
El proyecto extenso que envió el Poder Ejecutivo sufrió una
avalancha de modificaciones, agregados y borrones, todos los necesarios para
asegurarse los votos necesarios para conseguir la media sanción el próximo
miércoles. En el oficialismo confiaban en que con esto queda saldado el
capítulo más difícil del tránsito parlamentario del expediente. En el Senado,
entienden, la inclusión en la iniciativa del acuerdo con los gobernadores por
el reintegro progresivo del 15% de Coparticipación que retiene la Anses, a lo
que sumaron la apertura de una negociación entre la Nación y las provincias por
las deudas de las cajas previsionales, alcanzará para que el peronismo aporte la
mayoría necesaria.
Aún con límites, se abre el camino a la venta de acciones de
privados que integran el FGS
La clave para destrabar las negociaciones, que se dieron
entre el oficialismo y la oposición toda la semana, lo dio la exención de
Ganancias para el inminente medio aguinaldo, que sólo alcanzará a aquellos
empleados registrados que no paguen Bienes Personales. Los que tributan por sus
propiedades y que hayan cumplido con sus obligaciones los últimos dos años, ya
estaban exentos en la redacción original para los períodos 2016, 2017 y 2018.
También se sacó el artículo que eliminaba Bienes Personales a partir de 2019.
El acuerdo de PRO y Massa alcanzó también para frenar la
resistencia del kirchnerismo y el bloque Justicialista de Diego Bossio a la venta
de las acciones que la Anses tiene en varias e importantes compañías. Con la
redacción final se eliminará la ley que exigía un aval parlamentario de dos
tercios de ambas Cámaras para desprenderse de cualquiera de esos títulos. Lo
que se agregó fue una cláusula que fijo un mínimo de 7% del total del FGS, que
deberá estar conformado por acciones u obligaciones negociables de empresas
privadas que coticen en el mercado de valores. Para perforar ese piso y vender
más de esos títulos necesitará autorización del Congreso, aunque ahora con
mayoría simple. Incluso podrá bajar de ese tope mínimo sin siquiera pasar por
el Parlamento, en casos de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) o canje de
acciones por “fusión, escisión o reorganización societaria”.
El próximo miércoles se votará en Diputados y no prevén
dificultades en la Cámara alta
Provincias
Como adelantó este diario, entre Massa y Bossio lograron
introducir a la ley parámetros para que la Nación y las provincias que
mantuvieron el control de sus cajas previsionales acuerden, en un plazo máximo
de 120 días, cómo será la transferencia de fondos para cubrir su déficit. En
cambio, las provincias que sí transfirieron al sistema nacional el pago de sus
jubilados deberán ingresar a una moratoria de 90 meses para ponerse al día con
sus deudas por aportes patronales, estimado en una cifra cercana a los 35 mil
millones de pesos. Para acceder a este régimen deberán pagar, inicialmente, un
mínimo del 10% del total de su deuda.
Entre los puntos acordados se decidió extender la moratoria
previsional por tres sólo para mujeres, pero se dejó el mínimo de 65 años para
acceder a la pensión a la vejez que crea la ley para ambos sexos. También se
excluyó a los periodistas del alcance de las penas por divulgar información de
los evasores que ingresen al blanqueo, lo que generó duras críticas al
Gobierno, y los jubilados que ya cuenten con sentencia firme podrán optar por
atenerse a ese fallo o ingresar al programa diseñado por Casa Rosada, que busca
cerrar los litigios por actualización de haberes con un plan de acuerdos entre
jubilados y la Anses, con fuertes quitas sobre lo que establecen los fallos de
la Corte Suprema que hoy se utilizan para liquidar esos juicios.
Fuente: diariobae.com
Resistencia, 10 de junio de 2016
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