La vicepresidente del organismo, María Eugenia Talerico,
responsabilizó a la gestión kirchnerista por la acumulación de informes de
"mala calidad" y dijo que ahora los bancos y otros responsables
deberán indentificar los riesgos. Los nuevos criterios
La Unidad de Información Financiera (UIF) prepara nuevos
controles del lavado de dinero. El organismo traspasará una mayor
responsabilidad a las instituciones que deben colaborar con la prevención, como
los bancos, para identificar riesgos de operaciones sospechosas y, por otro
lado, estimulará el rápido congelamiento de activos ante posibles delitos de
ese tipo.
"Vamos a controlar el compromiso de la institución para
combatir el lavado y el financiamiento de terrorismo con respecto a sus
clientes", anticipó el viernes la vicepresidenta del organismo, María
Eugenia Talerico, al ser consultada por iProfesional sobre la actitud que
adoptará la UIF en caso de que las alarmas de los bancos, por ejemplo, fallen a
la hora de informar operaciones sospechosas.
Talerico expuso las nuevas pautas durante el taller
"Anticoorrupción, transparencia y lavado de dinero", de la segunda
misión técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), que organizó el Club Americano de Buenos Aires, en la antesala de la
visita al país de un comité observador de la OCDE que evaluará la incorporación
de la Argentina a dicha entidad.
La funcionaria reconoció que en los casi 10 meses de su
gestión "no hubo sanciones" por operaciones ilícitas, debido al
"colapso" del organismo, del que responsabilizó a la gestión previa
de la UIF, encabezada por José Sbatella. En su opinión, las instituciones
supervisadas generaron informes de "mala calidad" por temor a ser
sancionadas.
Ahora, explicó, los procedimientos para abrir sumarios están
siendo revisados a la luz de los nuevos criterios y las sanciones funcionan con
la opinión previa de un consejo asesor, el que recién hace dos meses fue
integrado por representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Banco
Central, ministerios de Hacienda e Interior, mientras que la AFIP todavía no se
incorporó.
Para evitar maniobras de lavado y financiación del
terrorismo, la UIF se encarga de analizar información del sector
económico-financiero (entidades financieras y casas de cambio) y otras
actividades (estudios contables, escribanías, inmobiliarias, casinos, clubes de
futbol, joyerías), sujetos obligados que deben emitir reportes de operaciones
sospechosas (ROS).
Como parte de las directivas de la flamante gestión, las
instituciones obligadas a colaborar ya no deberán producir estos informes de
manera generalizada, sino que sólo cuando identifiquen movimientos sospechosos.
Se trata de un "nuevo approach", explicó la funcionaria, para ir
hacia un sistema de prevención del lavado.
"La sola falta de reporte sospechosa que antes
generaban sanciones, ya no va a ser causal suficiente de inicio de un sumario a
una institución", precisó.
En el caso de los bancos, la UIF tendrá en cuenta los
siguientes puntos para evaluar su nivel de supervisión de riesgos:
- cómo conocen a sus clientes
- los manuales de procedimientos- el diagnóstico y monitoreo
- la comunicación de los casos
El objetivo es cambiar el marco regulatorio con la
asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para tener un enfoque
en los riesgos. "Preferimos menos ROS pero de alta calidad y con alertas
verdaderas de operaciones sospechosas. Tampoco esperamos que sean
investigadores del crimen sino que emitan simples alertas", señaló
Talerico.
La vicepresidente de la UIF adelantó estas pautas en el
panel sobre lavado del que participó junto al juez en lo penal económico Javier
López Biscayart. Allí abogó por una mayor protección de los reportes y los
informantes, en contraste con la administración previa, a la que acusó de estar
"desvíada de sus fines" y dedicada a la persecución de enemigos
políticos.
"Hoy, con Mariano Federici (presidente de la UIF)
hicimos los deberes para restablecer la cooperación internacional. Nos llaman
por teléfono porque creen que somos serios", aseguró. En cambio, señaló
que cuando llegaron al organismo, no había confianza en la Argentina porque se
había interrumpido el vínculo con Estados Unidos por el uso inadecuado de los
datos.
Las prioridades
En cuanto a los blancos de control, la funcionaria
identificó las amenazas principales: el avance del narcotráfico y la corrupción
en el estamento político, policial y el sector privado. "Hace dos años un
80% de los empresarios de IDEA reconocía que podían pagar coimas",
recordó. Ahora, por el contrario, destacó un "cambio cultural" con la
llegada de una gestión.
En medio del blanqueo de capitales, ratificó la nueva
orientación del organismo que dispone un virtual relajamiento de los controles
a la evasión. Aunque reconoció que el delito es un precedente del lavado de
activos, tal como lo establece el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI), afirmó que "no se puede perseguir todo" y que la UIF debe
dirigir los esfuerzos a sus "prioridades".
Entre las nuevas directivas, Talerico destacó el rol de
querellante del organismo ante la Justicia para ir tras los bienes del crimen
organizado. "Queremos sacarle el poder (a las organizaciones ilícitas) que
les da el dinero", sostuvo, y llamó a intervenir con mayor celeridad, tras
cuestionar al poder judicial por congelar bienes de forma genérica.
En ese sentido, afirmó que ahora hay más casos de cautelares
anticipatorias y calificó a la Ley de Extinción de Dominio una "buena
herramienta" para dicho fin. El proyecto, cuya definición fue postergada
en el Senado por dos semanas, apunta a recuperar a favor del Estado los activos
producto del narcotráfico y la corrupción.
A su turno, Bizcayart coincidió con el diagnóstico de una
corrupción "a gran escala" pero se mostró más cauto respecto a la Ley
de Extinción de Dominio, al advertir que "hay que ver cómo funciona en la
práctica". Asimismo, retomó las críticas de Talerico al poder judicial y
las extendió a otros poderes, como la Oficina Anticorrupción, encabezada por
Laura Alonso.
La funcionaria participó de un panel por la mañana del
taller de OCDE, donde anunció el envío del proyecto de Ley de Responsabilidad
Penal de las Personas Jurídicas, que establece penas a empresas, asociaciones
civiles, fundaciones y cooperativas, por delitos contra la administración
pública.
Otro de los expositores fue el jefe de la División
Anticorrupción de la OCDE, William Loo. La actividad fue organizada además por
la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública
(ASAP), la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP), con el
auspicio del Ministerio de Hacienda, la Oficina Anticorrupción, la UIF, la
Embajada Británica y la Cámara de Comercio Argentina Británica.
El taller forma parte de la misión de la OCDE destinada a
evaluar la aplicación de la convención antisoborno en Argentina. La misión es
la séptima luego de que el ministro de Hacienda, Prat Gay, reafirmó en mayo la
voluntad del país de reforzar su compromiso con el ente internacional, a través
de una carta firmada en conjunto con la canciller Susana Malcorra.
Fuente: iprofesional.com
Resistencia, 22 de octubre de 2016
