El diagnóstico oficial respecto de la crisis que atraviesa
la empresa lechera es que las condiciones laborales rígidas conspiraban contra
la ecuación del negocio. En consecuencia, la ayuda estatal quedó condicionada a
una revisión de aspectos del convenio. Y la fórmula se extenderá a otros
sectores
Como reza el lema oriental, el Gobierno transformó la crisis
de Sancor en oportunidad.
Ya no sólo para reestructurar la principal cooperativa del
país, sino también para modificar las "reglas de juego" en toda la cadena
y, de ese modo, avanzar en la revisión de los convenios de trabajo.
Se trata de un eje estratégico del plan oficial para reducir
los costos laborales y ganar competitividad, algo que el propio Presidente se
encargó de hacer explícito en los últimos días.
"Es un pésimo convenio", dijo en referencia al
gremio Atilra, encabezado por Héctor Ponce.
En rigor, el caso lechero es tan sólo uno más dentro de la
hoja de ruta de Macri. La semana pasada fue el turno del sector petrolero en
Chubut, donde se logró un preacuerdo similar al de Vaca Muerta, en Neuquén,
para "adecuar" las condiciones de trabajo.
Ahora, los funcionarios acaban de dar un paso más con la
firma del acuerdo alcanzado este viernes que va más allá de SanCor.
En concreto, el Estado liberó un préstamo de $450 millones a
la empresa, a cambio de que el sindicato reduzca el aporte
"solidario" que le cobra a toda la cadena.
El entendimiento contempla el reinicio de las operaciones de
la cooperativa, cuyas plantas están paralizadas; el pago a tamberos y
empleados;un eventual recambio de su directorio, así como la condonación de
deudas con el gremio a todo el sector por un valor superior a los $200 millones
y la suspensión de los juicios.
Pero lo más trascendente es que el convenio pasó a formar
parte de la agenda, un punto que era resistido por Atilra.
Ahora, el Centro de Industria Láctea y Apymel, la cámara que
nuclea a las Pyme, aspiran a reducir el valor de las horas extra y crear un
convenio específico para las Pyme.
Así, aunque los empresarios reconocen que la mayor parte de
sus costos se incrementó por la suba de tarifas, con facturas de hasta
$500.000, la pelea por reducir el costo laboral se convirtió en la nueva
cruzada compartida por cámaras y funcionarios.
"Macri quiere un convenio más moderno y nosotros hace
mucho que queremos tener uno que contemple las particularidades de una empresa
pequeña o mediana", afirman en Apymel.
Si bien no hay plazos definidos, la inclusión del tema
dentro del acuerdo lechero ya representa un logro para el Gobierno, luego de
lanzar una fuerte campaña contra el sindicato de la actividad en el marco de
una estrategia electoral destinada a confrontar con el sindicalismo y polarizar
con la oposición.
"El gremio se comprometió a negociar y reformarlo
porque es de hace muchos años y está atrasado por los cambios
tecnológicos", festejan cerca del ministro de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, quien pasó al frente de las negociaciones.
La iniciativa oficial cosecha el respaldo entre los
industriales, ante la imposibilidad de reducir costos a través del tipo de
cambio. El vicepresidente de UIA, Daniel Funes de Rioja, volvió a pedir la
semana pasada "adaptar los convenios" para mejorar la productividad.
Además de la actividad lechera y petrolera, la Rosada tiene
en su lista a la industria textil.
Allí, se propone disminuir las cargas patronales mediante
subsidios fiscales.
La electrónica es otro de los rubros en la mira y en la rama
automotriz analizan medidas para reducir la tasa de ausentismo.
Nuevo convenio
Como parte del acuerdo lechero, el acta firmada este viernes
estableció que se proceda formalmente "a la apertura del convenio
colectivo a los fines de que el sector pueda contar con un instrumento moderno
y acorde a este tiempo, que permita el desarrollo de la industria y de los
trabajadores, estableciéndose un plazo de 30 días a partir de la fecha de
suscripción del presente acuerdo para su tratamiento".
Entre los puntos centrales del nuevo convenio, deberán ser
abordados:
- La licencia por mudanza y matrimonio
- Las horas extraordinarias
- Los accidentes y enfermedades inculpables
- El presentismo y asistencia
- El régimen de escalas por renuncia
- El trabajo por turnos
- La actualización de categorías
- El régimen de promociones
- La polifuncionalidad / multitareas o polivalencia
- Coberturas de puestos de trabajo
- Promociones por reemplazo
Tensiones ante la "flexibilización"
Con todo, el macrismo tiene todavía un largo trecho por
recorrer para concretar sus "micro reformas laborales" mediante
acuerdos sectoriales, una fórmula que cobró fuerza ante la dificultad para
lograr cambios más abarcativos con el aval del triunvirato de la CGT.
Así, el Ejecutivo dejó en suspenso sus proyectos de ley
destinados a reducir costos laborales para "incentivar el empleo" y
avanzó en sectores en crisis o aquellos identificados por el Ministerio de
Producción como rubros con "problemas de competitividad".
El "modus operandi" consiste en negociar la
pérdida de beneficios a cambio de la "estabilidad" laboral. Ese es
uno de los puntos implícitos que figura en el último acuerdo con el gremio
lechero para preservar las fuentes en SanCor, donde trabajan 4.500 empleados.
En el caso de la cooperativa, el sindicato ya aceptó el
diferimiento por seis meses del pago del 15% de los sueldos a los empleados y
que ese importe sea percibido a los 12 meses a salario actualizado. A la vez,
se hizo cargo del 50% de los salarios caídos desde septiembre.
Pero la efectividad de los acuerdos es frágil, por lo
pronto. El crédito que recibirá SanCor alcanza para cubrir su rojo durante dos
meses.
"SanCor salió de terapia intensiva, esto no quiere
decir que recuperada", advirtió el viernes el gobernador de Santa Fe,
Miguel Lifschitz.
Por otra parte, Atilra advierte que no va a "resignar
beneficios". "Discutir el convenio no significa entregarlo",
dijeron fuentes del gremio a iProfesional.
Ponce, el titular de la organización, denunció días atrás
que el Gobierno y las empresas querían revisar "a la baja" el
convenio y moderar las paritarias, que comienzan en agosto.
Un clima de creciente tensión también se está respirando en
los yacimientos de la Patagonia, donde persiste la conflictividad.
Presionado por las bases y el calendario electoral, el
petrolero neuquino Guillermo Pereyra respaldó días atrás un bloqueo a YPF días
atrás, en rechazo a 140 cesantías.
La medida, que causó pérdidas millonarias a la empresa
estatal, ocurrió tan solo una semana después de que el sindicalista acompañara
a Macri en su viaje a Houston, EE.UU., en busca de inversiones para Vaca
Muerta.
La situación también es delicada en Chubut. Mientras los
sindicatos petroleros buscan que los cambios del convenio rijan solo para las
nuevas inversiones, el preacuerdo no es aceptado por todos los delegados de
base.
La discusión levantó tensión con los camioneros de la
provincia, que a nivel nacional responden a Hugo Moyano, quienes salieron a
rechazar las nuevas condiciones de trabajo negociadas por los petroleros, a
quienes acusaron de no haber dado "la pelea contra la
flexibilización".
"Nosotros no vamos a aceptar ninguna adenda. Vamos a
resistir cualquier intento de modificación del Convenio Colectivo de Trabajo
porque, bajo la excusa de lograr mayor competitividad, las operadoras quieren
avanzar sobre los derechos de los trabajadores", afirmó Jorge Taboada.
Las dudas alcanzan también a los industriales, que si bien
acompañan las consignas a favor de la productividad, ven insuficientes las
"reformas" aplicadas hasta ahora. Su lectura es que el diálogo
convocado a fines del 2016 no respondió tanto a la agenda empresaria sino a la
de los sindicatos.
Por ello, reclaman al Gobierno que abandone el
"gradualismo" para iniciar cambios más profundos este año.
Mientras tanto, el acuerdo en SanCor genera optimismo en los
despachos oficiales, donde tacharon un nuevo casillero en su lista de
"acuerdos productivos".
"Acá no se termina nada, vamos por un plan de
reestructuración y otra negociación con el sindicato", aseguran
-confiados- en Agroindustria.
Fuente: iprofesional.com
Resistencia, 6 de mayo de 2017
