Empieza el test político del Gobierno en el Congreso, luego de la lluvia de críticas que recibió por dictar varios decretos de necesidad y urgencia (DNU) que modificaron la ley de ART, establecieron un nuevo calendario de feriados, dispusieron el reparto de mercadería incautada en la Aduana y cambiaron la ley inmigratoria.
Los efectos de esas normas son inmediatos. Son válidas desde su publicación en el Boletín Oficial y están en vigencia. Solo el Congreso puede derogarlas, previo análisis de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que reúne diputados y senadores de distintos signos políticos.
Será el primer escollo en el Poder Legislativo que deberá superar el presidente Mauricio Macri en este 2017, que a diferencia del año pasado, tendrá menos sesiones porque habrá campaña electoral de cara a las elecciones que renovarán un tercio del Senado y la mitad de Diputados.
Tras un mes de receso, la mencionada comisión se reunirá este jueves. Pero para alivio del Gobierno no se tratarán los decretos más polémicos porque entraron luego de que se convocara formalmente a la reunión.
De todas maneras, serán analizados el próximo jueves 9 de febrero. La oposición, que cuenta con los votos necesarios para rechazarlos en la bicameral, quiere que en los primeros días del año sean tratados por el Congreso.
Están confiados en que lograrán su rechazo porque consideran que los DNU sancionados este año no reúnen los requisitos de necesidad y urgencia para el dictado de esas normas y que no había ningún obstáculo para convocar a sesiones extraordinarias.
A pesar de que se tratará de una sesión en la que se dictaminarán favorablemente decretos de fines de 2016 sobre ampliación de partidas presupuestarias y división del Ministerio de Economía, con la creación de las carteras de Hacienda y de Finanzas, no estará exento de polémicas.
Es que habrá un gran debate por la propuesta del diputado kirchnerista Marcos Cleri –que presidirá la Bicameral a lo largo de este año– para modificar el reglamento interno de la comisión.
Allí, el peronismo propondrá adecuar su tarea en el marco de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, lo que le permitiría a la Bicameral realizar pedidos de informes al Ejecutivo que pueden ir más allá de los fundamentos con que el Gobierno justifica sus DNU.
De esta forma, Macri debería justificar sus recientes decretos a la reforma de ART y el régimen de migraciones, no sólo en su contenido sino en la urgencia de no continuar en el camino normal y habitual para sancionar una ley.
Además, en la comisión -en caso de ser aprobada la propuesta- también podrían expresarse las distintas organizaciones de sociedad civil, organismos de derechos humanos y las representaciones de inmigrantes en la Argentina, que ya manifestaron su rechazo al DNU de Macri.
“Si la decisión de Macri es esquivar el Congreso para evitar el debate legislativo, nuestra propuesta será abrir cada vez más el Parlamento a la ciudadanía”, advirtieron desde el bloque de diputados del FpV-PJ.
Palpitando una dura batalla
Para los decretos de ART y feriados, la oposición sí contaría con el número suficiente para rechazarlos y declarar su invalidez.
Para los decretos de ART y feriados, la oposición sí contaría con el número suficiente para rechazarlos y declarar su invalidez.
En este sentido, el diputado del Frente Renovador Raúl Pérez, uno de los 16 integrantes de la comisión, se mostró crítico hacia las resoluciones dispuestas por el presidente que modificaron el régimen de ART y feriado. Con su voto, más los ocho de los miembros del FpV-PJ alcanzarían para emitir el dictamen de mayoría en contra de las medidas del Gobierno.
La semana próxima también podría tratarse el DNU que modifica la Ley de Migraciones. De las últimas modificaciones polémicas, este es el único que cuenta con aval de parte de la oposición ya que el massismo participó en el análisis del decreto.
Pero ese espaldarazo no sería suficiente para avalar ese decreto en comisión. Diputados y senadores del FpV-PJ confían en emitir un dictamen contrario porque –según sus números- la votación estaría empatada ocho a ocho.
En ese caso, el voto del titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, valdría doble lo que llevaría al oficialismo a dar un debate mucho más largo en alguna de las Cámaras del Congreso.
A pesar de ser franca minoría, Cambiemos espera negociarcon la oposición, como lo hizo a lo largo de todo 2016. Y, si no consigue la aprobación, la apuesta de mínima será evitar que el tema llegue al recinto; pues para que el decreto caiga debe ser rechazado expresamente por los diputados y por los senadores.
Más allá de que en la comisión pueda resultar desechado, con lograr la aprobación de una sola de las dos cámaras, el decreto quedará firme.
El año pasado se analizar 26 decretos y tres se declararon inválidos: una modificación al Presupuesto, la eliminación de los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos y la promulgación parcial del régimen previsional para excombatientes.
"No hay necesidad y urgencia en este caso de las (modificaciones al régimen de) ART. Lo podían haber llevado al Congreso en (sesiones) extraordinarias", aseguró Cleri, quien ya había intentado frenarle un DNU a Macri a principios de enero, que ampliaba el presupuesto en 130 mil millones, pero como no conseguiría quórum decidió suspender la bicameral
Cimbronazos internos
No sólo el kirchnerismo aclaró que no tolerará un gobierno por decreto: la presidente del bloque Diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, ya adelantó que esa práctica puede terminar cuando "nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos”.
No sólo el kirchnerismo aclaró que no tolerará un gobierno por decreto: la presidente del bloque Diputados del Frente Renovador, Graciela Camaño, ya adelantó que esa práctica puede terminar cuando "nos pongamos todos locos y hagamos una sesión especial para bajarlos”.
La medida genera rechazos dentro del propio Cambiemos, donde el viernes pasado se elevó la voz del diputado nacional Ricardo Alfonsín, quien advirtió que “si es efectivamente así, estaríamos frente a un acto claramente contrario al principio republicano de la división de poderes”.
"No se dan las circunstancias graves y excepcionales que habilitan al Ejecutivo a realizar actos que son competencia exclusiva del Congreso", aclaró el legislador oficialista al plantear su disidencia respecto de las intenciones oficiales.
Alfonsín señaló que “por actos como estos, cuestionábamos severamente a la anterior gestión. Reparar el daño que había sufrido la República, fue la razón de ser de Cambiemos”. Y advirtió que “nuevamente han asesorado mal al presidente. Espero que mi partido se manifieste y se pueda rectificar el error”.
La de Alfonsín no es la única voz en ese sentido, pues voces de peso en ese sector advierten que determinados decretos podrían terminar siendo rechazados por el Congreso, sentando una situación sin precedentes.
Es que la oposición planea convocar a una sesión especial para los primeros días de marzo y rechazarlos.
Fuente: Iprofesional
