Junto con el blanqueo de capitales, pedirá derogar la ley
que impide la venta
El Gobierno nacional pretende pagar parte de los juicios por
actualización de haberes jubilatorios con sentencia firme con la venta del
paquete de acciones en empresas privadas que integran el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS), heredadas por la Anses desde las ex AFJP, luego de la
reestatización del sistema previsional. Para eso, la semana próxima enviará al
Congreso un proyecto que incluirá el anunciado blanqueo de capitales, la orden
para ejecutar esos juicios y la derogación de la ley que impedía la
transferencia de esa cartera de títulos sin aval parlamentario, sancionada en septiembre.
Se ofrecerá primero a los accionistas mayoritarios de esas
mismas compañías
El plan del Poder Ejecutivo es liquidar los títulos que le
permiten al Estado tener presencia en el directorio de fi rmas de la
envergadura del Grupo Clarín, Banco Macro, Siderar, Gas Natural BAN, Molinos
Río de la Plata, Quickfood o Telecom, y facilitarle a sus propios dueños la
compra de esas acciones. Con eso cumplirán otra de las demandas del
empresariado. Desde Casa Rosada ya instruyeron al titular de la Comisión
Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, a elaborar un plan de venta de todos
esos títulos.
Aunque la ley vigente requiere de dos tercios de los votos
en ambas cámaras para la venta de cualquiera de esas acciones, valuadas en
agosto pasado por la Anses en más de 63.000 millones de pesos, lo cierto es que
la exigencia de esa mayoría agravada es prácticamente inocua: como la ley que
impide el traspaso de títulos se aprobó con mayoría simple, puede ser derogada
de la misma forma.
El objetivo es que los destinatarios de ese paquete de
acciones sean, justamente, los accionistas mayoritarios de esas mismas
compañías. Es decir, los mismos que despotricaban por la presencia de
directores en representación del Estado en sus directorios. Esto permitía al
Gobierno de turno, entre otras cosas, acceder a los balances contables de
empresas que no sólo mueven el mercado de valores sino que, en muchos casos,
son formadoras de precios. Desde la CNV, incluso, ya iniciaron contactos
preliminares con algunas de estas firmas, para sondear su interés en hacerse de
los títulos que rápidamente saldrían al mercado.
Por algo se designó como responsable del FGS a Luis
Blaquier, un hombre de aceitadas relaciones en el universo financiero y ex
Goldman Sachs, además de sobrino de Carlos Blaquier, dueño del imperio
azucarero Ledesma. Casualmente, una de las fi rmas en la que la Anses tiene una
porción accionaria, aunque muy minoritaria. Como informó BAE Negocios esta
misma semana, mientras el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, negaba
públicamente la intención de poner a la venta esa cartera de acciones, Blaquier
estaba en Nueva York anunciando ante ejecutivos de bancos de inversión de Wall
Street la decisión del Gobierno de poner esas acciones en liquidación.
En paralelo al lobby financiero se iniciará otro, el
político. En la Cámara de Diputados, ni el Frente para la Victoria (FPV) ni el
bloque Justicialista avalarían la venta de esas acciones. Diego Bossio
(Justicialista), ex titular de la Anses, ya adelantó su posición contraria y
señaló los riesgos de desfi nanciación del sistema previsional si el Estado se
deshace de esos títulos. Por lo que el interbloque ofi cialista Cambiemos
deberá apelar, nuevamente, a los votos del Frente Renovador de Sergio Massa.
El Frente para la Victoria y el bloque Justicialista no
avalarían la venta de esas acciones
En el Senado, la llave la tiene el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, y la presión que pueda ejercer sobre los gobernadores
peronistas para que instruyan a sus representantes en la Cámara alta a
acompañar la ley que fuentes parlamentarias de PRO anuncian como “una bomba
política y fiscal”. Los mismos senadores que, ocho meses atrás, levantaron la
mano a favor de la ley que ahora buscarán derogar.
Fuente: diariobae.com
Resistencia, 28 de mayo de 2016
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